Periodista | LB Journalist
El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, sancionó este miércoles 4 de noviembre la Ley de Sometimiento presentada por su Gobierno y aprobada por el Congreso de la República. La iniciativa quedó oficializada como la Ley 2640 de 2026 y establece nuevas disposiciones para el desmantelamiento de estructuras criminales en Colombia.
La legislación modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, y establece un marco jurídico para que integrantes de organizaciones armadas ilegales puedan someterse a la justicia bajo determinadas condiciones.
El Gobierno ha presentado esta iniciativa como un cambio frente a la política de paz total impulsada durante la administración del expresidente Gustavo Petro. El nuevo modelo plantea que los acercamientos con estructuras criminales se desarrollen mediante mecanismos de sometimiento a la justicia y no a través de negociaciones de carácter político.
Así fue aprobada la Ley de Sometimiento en el Congreso
El proyecto recibió el respaldo de las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes durante el trámite legislativo que culminó el martes 3 de noviembre.
En el Senado, la iniciativa obtuvo 57 votos a favor y 24 en contra. Posteriormente, la Cámara de Representantes aprobó el texto con 95 votos positivos y 10 negativos.
Debido a que ambas corporaciones aprobaron el mismo articulado, no fue necesario convocar una comisión de conciliación. De esta manera, el proyecto terminó su recorrido legislativo y quedó listo para la sanción presidencial.
Votación en el Senado: 57 votos a favor y 24 en contra.
Votación en la Cámara: 95 votos a favor y 10 en contra.
Sanción presidencial: 4 de noviembre de 2026.
Norma: Ley 2640 de 2026.
¿Qué cambia con la nueva legislación?
Uno de los principales cambios está relacionado con el mecanismo que tendrá el Estado para abordar a las organizaciones criminales. La ley establece un modelo de sometimiento a la Constitución y a la justicia, sin reconocimiento de estatus político ni apertura de negociaciones políticas con estas estructuras.
La normativa también elimina las figuras de gestores de paz y las mesas de negociación contempladas en el modelo anterior para este tipo de organizaciones. Asimismo, mantiene vigentes las órdenes de captura y las solicitudes de extradición durante los procesos, de acuerdo con las disposiciones del nuevo marco jurídico.
Beneficios judiciales y condiciones para los sometidos
La ley contempla un tratamiento penal diferenciado para quienes decidan someterse a la justicia y cumplan las obligaciones establecidas. Sin embargo, los beneficios no son automáticos: están condicionados a la colaboración efectiva con las autoridades y al cumplimiento de compromisos verificables.
Entre las obligaciones se encuentran aportar información sobre las actividades criminales, contribuir al desmantelamiento de las estructuras, entregar bienes obtenidos mediante actividades ilícitas y cumplir los compromisos relacionados con los derechos de las víctimas.
Integrantes de base: pueden acceder a reducciones de hasta el 50 % de la pena, bajo las condiciones legales.
Mandos de las organizaciones: pueden acceder a reducciones de hasta el 30 %.
Permanencia mínima: diez años de privación efectiva de la libertad para cabecillas y seis años para colaboradores, según las categorías previstas en la norma.
La legislación también establece restricciones especiales para personas vinculadas al reclutamiento ilícito de menores de edad y contempla disposiciones para evitar que los beneficios se mantengan cuando se incumplan las obligaciones previstas.
El presidente se pronunció tras la sanción
Luego de firmar la iniciativa, Abelardo De La Espriella defendió el alcance de la nueva legislación y aseguró que representa un cambio en la estrategia del Gobierno frente a las organizaciones criminales.
En su mensaje público, el mandatario afirmó: “¡Seguimos trabajando sin descanso por la seguridad, la justicia y la tranquilidad de todos los compatriotas! ¡La falsa paz total llegó a su fin!”.
Declaración del presidente sobre la Ley de Sometimiento
Ver publicación del presidente Abelardo De La Espriella
Publicación original de Abelardo De La Espriella en X.
Una nueva etapa en la política de orden público
Con la sanción de la Ley 2640 de 2026, el Gobierno establece un nuevo marco para enfrentar a las organizaciones armadas ilegales y criminales. Su aplicación dependerá del cumplimiento de las condiciones legales, la actuación de las autoridades judiciales y los mecanismos de seguimiento previstos.
La implementación de la norma y sus efectos sobre la seguridad, el desmantelamiento de estructuras criminales y los derechos de las víctimas serán aspectos centrales para evaluar sus resultados en los próximos años.