Eva Ferrer lanza graves acusaciones contra Verónica Alcocer: ¿qué se sabe del caso?

COLOMBIA · POLÍTICA

La exasesora de la exprimera dama habló de presuntos movimientos de dinero, vuelos oficiales y posibles vínculos con actividades ilícitas.


Las declaraciones de Eva Ferrer han generado controversia política.

Una entrevista de Eva Ferrer con Vicky Dávila, publicada por la revista SEMANA el 10 de octubre de 2026, puso en el centro del debate político una serie de acusaciones contra Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia.

Los presuntos 2,5 millones de dólares

Uno de los puntos más delicados de la entrevista es la afirmación de Ferrer sobre un supuesto traslado de 2,5 millones de dólares en efectivo desde Venezuela hacia Colombia, en enero de 2023, a bordo de una aeronave oficial asignada a Verónica Alcocer.

Según el testimonio de Ferrer, quien atribuyó parte de la información al empresario catalán Manel Grau, el dinero habría estado destinado a financiar la campaña política de Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama.

USD 2,5 millones Monto del presunto traslado mencionado en la entrevista.
Enero de 2023 Fecha que Ferrer atribuye al supuesto traslado.

Para determinar si el hecho ocurrió, sería necesario contrastar registros de vuelo, autorizaciones, documentos financieros y cualquier otra evidencia verificable. La declaración pública, por sí sola, no permite confirmar el traslado ni el destino del dinero.

Presuntos pagos por reuniones y otros intermediarios

Ferrer también señaló que supuestamente se habrían solicitado pagos de 50.000 euros para facilitar reuniones con Alcocer, que habrían sido organizadas por Manel Grau y Xavier Vendrell.

En sus declaraciones mencionó además a Diego Marín, conocido como alias «Papá Pitufo», y una presunta suma similar relacionada con la campaña presidencial de 2022.

La exasesora añadió señalamientos sobre posibles vínculos con tráfico de armas mediante intermediarios italianos identificados como Enrico Romagnoli y Fabio Mascialino.

Los 149 vuelos que menciona Ferrer

Otro de los señalamientos se refiere a 149 vuelos que Ferrer atribuye a Verónica Alcocer durante el Gobierno de Gustavo Petro, entre 2022 y 2026, en aeronaves estatales.

Para aclarar esta afirmación, es necesario examinar los registros oficiales, las rutas, los pasajeros, las fechas y las autorizaciones de los desplazamientos. La cifra mencionada en la entrevista no permite concluir por sí misma que se haya cometido una irregularidad.

El Gobierno pide esclarecer las denuncias

Según la información suministrada sobre el caso, el presidente Abelardo de la Espriella solicitó una revisión de los señalamientos, con atención al Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), la Inspección General y las dependencias de contrainteligencia.

También habría solicitado que las autoridades judiciales colombianas y estadounidenses examinen la información.

Es importante diferenciar una solicitud de investigación de una investigación formalmente abierta y, a su vez, de una conclusión judicial. Cada etapa exige confirmación documental por parte de las autoridades competentes.

Ferrer afirma haber recibido amenazas

Durante sus declaraciones, Ferrer aseguró que recibió amenazas tras la divulgación de unos audios el 1 de agosto y que permaneció escondida durante dos meses por temor a su seguridad.

Estas afirmaciones también requieren verificación. Si existen denuncias formales o actuaciones de las autoridades sobre las presuntas amenazas, sus resultados ayudarían a establecer el alcance de la situación.

¿Qué falta por responder?

¿Se comprobó el supuesto traslado de dinero?

El testimonio citado no basta para confirmarlo. Se necesitan registros, documentos financieros u otras pruebas verificables que permitan establecer si ocurrió.

¿Los vuelos oficiales demuestran una irregularidad?

No por sí solos. Es necesario revisar su finalidad, las autorizaciones, los registros y las normas aplicables a cada desplazamiento.

¿Las declaraciones constituyen una prueba judicial?

Una entrevista no demuestra automáticamente la responsabilidad penal de las personas mencionadas. La valoración de pruebas y la determinación de responsabilidades corresponden a las autoridades competentes, con respeto por el debido proceso.

Un caso que exige pruebas y transparencia

Las declaraciones de Ferrer plantean interrogantes sobre el posible uso de aeronaves oficiales, los movimientos de dinero y las relaciones mencionadas en la entrevista. Sin embargo, el alcance real de los señalamientos solo podrá establecerse mediante una verificación rigurosa.

La respuesta de las autoridades, la documentación disponible y el derecho de réplica de las personas mencionadas serán fundamentales para conocer la evolución del caso.


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Fuentes y verificación

Revista SEMANA: consultar publicación original.

Presidencia de Colombia: comunicados oficiales.

Ministerio de Defensa: información institucional.


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